PROTESTAS
Gobierno y transportistas llegan a un acuerdo final
Por Javier de la Fuente
1 min
Economía30-10-2005
La normalidad vuelve a las carreteras. Han sido varios los actos delictivos contra bienes y personas -mal denominados piquetes informativos- que se han sucedido durante los días de huelga en el sector del transporte. Finalmente la calma ha hecho acto de presencia y el acuerdo entre transportistas y Gobierno es prácticamente total.
La huelga comenzó hace dos semanas. Durante siete días se sucedieron incidentes muy graves entre los que querían ejercer su derecho a trabajar y no secundar la huelga y los que querían imponer el paro en todo el sector. Éste lo convocaron las principales asociaciones de transportistas en respuesta al incremento del precio del gasóleo. Finalmente el Ejecutivo ha ratificado un total de 44 medidas que satisfarán las exigencias de los transportistas. Éstas van destinadas a mejorar las condiciones de transparencia y competitividad en el sector. Otras servirán para compensar el incremento del precio del combustible. Asimismo, se ha acordado elaborar un nuevo Plan Estratégico del Transporte de Mercancías por Carretera (Petra), así como una mayor dotación para las ayudas al abandono de la actividad de los autónomos y la actualización automática de precios de los transportes de mercancías por carretera en función de los precios del gasóleo. Aunque la medida más polémica de las acordadas es la relativa a la supresión del céntimo sanitario por parte de las comunidades autónomas. Dicho céntimo sanitario lo utilizan en varias comunidades para financiar su sanidad a costa de incrementar en un céntimo el precio de los carburantes. Entre ellas se encuentra la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, ha asegurado que seguirá utilizando el céntimo sanitario para financiar su sanidad. Precisamente, el Ejecutivo central ha ofrecido a la Comunidad de Madrid y a las otras tres que recurren a él la posibilidad de eliminar este gravamen con el objetivo de “aliviar” a los transportistas. Y para que puedan hacerlo, el Ejecutivo asegura que será él quien ponga el dinero que las comunidades dejen de ingresar por la supresión de la tasa. De ser así, la medida sólo tendría vigencia durante los próximos dos años.