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NEGOCIACIÓN CON ETA

Suárez, González y Aznar ya negociaron con la banda

Por Cristina Torre GarcíaTiempo de lectura3 min
España22-05-2005

Las negociaciones con ETA son una fuente inagotable de polémica y división de opiniones entre los partidos políticos y la sociedad española. Pero todos los gobiernos, sin excepción, han negociado alguna vez con la banda terrorista pero ninguno ha logrado el fin de la violencia.

El primer intento de paz se remonta a 1976. Con el Gobierno de la UCD, el militar Ángel Ugarte se entrevistó en Ginebra con responsables de la banda. Los terroristas pedían el acercamiento de los presos pero los contactos con el Gobierno de Adolfo Suárez no derivaron en grandes resultados. En toda su historia, ETA ha declarado tres treguas para negociar con el Gobierno. El primer anuncio de armisticio tuvo una duración aproximada de cuatro meses. Fue en el año 89 con motivo de “las conversaciones de Argel”. Los primeros contactos se iniciaron con el Gobierno socialista de Felipe González en 1986. Las negociaciones fueron llevadas a cabo por emisarios de ambas partes y el PNV como mediador. Varios dirigentes socialistas como Rafael Vera, por aquel entonces subsecretario de Estado, se trasladó a Argel y también a Santo Domingo para reunirse con el dirigente etarra, Eugenio Etxebeste, alias Antxon. Tras la primera tregua, le siguieron proposiciones similares de la banda terrorista al Gobierno, pero no llegaron a efectuarse porque se volvía a secuestrar y a matar. En 1992 se produce un acercamiento entre el PNV y Herri Batasuna (HB) para tratar el fin del terrorismo. Ya en 1996, Juan Alberto Belloch se puso al frente de la cartera de Interior y aseguró que no se efectuarían conversaciones con ETA. En mayo de ese mismo año, el PP gana las elecciones generales y pese a los esfuerzos, el mandato socialista concluye sin el final de la violencia. PP-ETA Cuando llegó el Partido Popular al Gobierno se negó a conversar con ETA. A pesar de las negativas, los nacionalistas vascos hicieron llegar al Ejecutivo peticiones para que se abriesen vías de diálogo. Sólo con la segunda tregua, que tuvo lugar en septiembre de 1998, el presidente del Gobierno de por aquel entonces, José María Aznar, inició una serie de contactos con la banda. En dichas conversaciones ETA pedía el acercamiento de presos y el cumplimiento del pacto de Estella. Por otro lado, el Gobierno sólo pone como condición que el diálogo se llevara cabo en los límites que marca la Constitución y el Estatuto. En el transcurso de las negociaciones se produjo la detención de varios etarras en Francia y País Vasco. Ante estas acciones, ETA exige el derecho de autodeterminación como condición necesaria para una tregua definitiva y Mayor Oreja, ministro en aquellos años, califica la tregua como de tregua trampa. Durante el alto al fuego, se propagan los rumores de que la banda terrorista está llevando a cabo una reorganización en sus filas y en agosto de 1999 se confirma que ETA dispone de cuatro toneladas de dinamita robada. El 28 de noviembre del 99 la banda terrorista daba por finalizado el alto el fuego. Esto se materializó con el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en enero del 2000. Mientras duró la tregua, el PP se mostró dispuesto a negociar para encontrar una salida a la violencia propagada por ETA, sólo durante la tregua. Pero, como en ocasiones anteriores, los terroristas volvieron a coger las armas sin poder poner una solución sobre la mesa. Durante los años posteriores, ETA no ha cesado en sus intereses y ha vuelto a matar. A principios del 2004, el líder de ERC, Carod Rovira, se reunió en secreto con la banda terrorista y consiguió establecer una tregua limitada, pero sólo para Cataluña. En los últimos meses se ha hablado de la debilidad de los terroristas y ahora, hace escasos días, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha manifestado su disponibilidad para hablar con ETA. El Congreso ha apoyado esta iniciativa, que tiene como fin que dejen definitivamente las armas. Pero, algunos sectores como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el PP se han opuesto a esta decisión.

Fotografía de Cristina Torre García