Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Navegación Maritima
Por Carlos Martínez de Leyva 
3 min
España22-11-2013
El Consejo de Ministros aprobó, entre otros asuntos, la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Navegación Marítima, que actualiza el régimen general sobre el tráfico marítimo para superar las contradicciones entre los convenios internacionales vigentes y la normativa española, encabezada por el Código de Comercio de 1885, que el Gobierno derogará. Tras la referencia de los acuerdos del Consejo de Ministros La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió en solitario a las preguntas de los periodistas
El primer objetivo de la ley es homogenizar el ordenamiento jurídico con el Derecho Marítimo Internacional, adoptado por la UE y la OCDE. El segundo es dar seguridad jurídica y garantizar la coordinación entre las normas de España, Europa y los convenios internacionales. El tercero es adecuarla al trafico y al transporte marítimo actual para mejorar la productividad y competitividad. El Proyecto de Ley responde a problemas para la mejor protección del patrimonio subacuático, la lucha contra la contaminación o la inmigración ilegal. En lo relativo a los polizones, refuerza la responsabilidad de los capitanes de buque, para impedir su connivencia en el embarque y para darles un trato digno. Se identifica al armador como dueño del buque o embarcación y lo dedica a la navegación en su nombre y bajo su responsabilidad y el naviero se dedica a la explotación de buques, propios o ajenos. La norma busca determinar el responsable de cualquier hecho en el medio marino. También se incluyen el desarrollo de las previsiones de distintos Convenios internacionales, especialmente los vinculados a la seguridad de las personas y a la protección medioambiental y del patrimonio cultural subacuatico Se regulan los contratos de utilización del buque: de arrendamiento de remolque y el contrato de arrendamiento náutico. Y se fijan los contratos auxiliares de la navegación, como el de gestión naval. Esta regulación se basa en el respeto a la libertad de pactos de las partes y, en la determinación de su régimen de responsabilidad. Y se actualizan normas aplicables al embargo preventivo o la venta forzosa de buques. El texto prevé restricciones por seguridad y protección marítima y un mayor control de los buques con graves deficiencias para navegar y la previsión de lugares de abrigo para situaciones de arribada forzosa. La regulación de los accidentes de la navegación se efectúa mediante una remisión a los Convenios que regulan esta materia, en casos de abordaje, avería grave, salvamento, bienes naufragados o hundidos y responsabilidad civil por contaminación. Otras responsabilidades son las administrativas reguladas con la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante y las recogidas en el Código Penal. El Consejo de Ministros aprobó un Acuerdo para establecer un plan de mejora en los Ministerios del proceso interno de transposición de Directivas de la UE. También se acordó un Real Decreto para establecer normas especiales para dar ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. El Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Industria, a prestar 18,1 millones a Mercedes-Benz España. El préstamo, con un interés anual del 4,925 por 100, tiene un plazo de devolución de 10 años, con 3 de carencia, con exigencia de aval previo. Permitirá crear 400 puestos de trabajo. A preguntas de los periodistas la vicepresidenta aseguró que el Gobierno estudia medidas para garantizar la seguridad e integridad de los alumnos del País Vasco y Navarra y la garantía de que se respeten los valores democráticos dentro del derecho a la educación y a recibir enseñanza, ya que una minoría de profesores tienen vínculos proetarras. El gobierno también indicó sobre los escándalos en está implicado el sindicato UGT que hará un seguimiento. También anunció que sacara adelante las medidas de la Ley de Transparencia aunque manifestó que quiere hacerlo con consenso. La vicepresidenta defendió la Ley de Seguridad Ciudadana, que regula de forma administrativa conductas, hasta ahora, penales.