TRIBUNALES

Sánchez Gordillo, condenado a siete meses de prisión

Por Elena Palencia2 min

España21-11-2013

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado este jueves a los líderes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero, a cumplir siete meses de prisión. El Juez ha alegado delito de desobediencia grave a la autoridad, ya que los dos condenados fueron las cabezas pensantes de la ocupación de la finca militar Las Turquillas, en Osuna, Sevilla, que se llevó a cabo el 24 de julio del año pasado.

Sin embargo, ellos dos no han sido los únicos. Los sindicalistas Juan Vega López y José Rodríguez Núñez también van a tener que cumplir la misma pena que sus compañeros. Además, se les ha inhabilitado el derecho de sufragio pasivo, o lo que es lo mismo, la posibilidad de presentarse en una lista electoral, durante todo el tiempo de la condena. Asimismo, al grupo se suma un sindicalista, José Antonio Mesa Mora; todos cargan con la condena de usurpación de un bien, y deberán pagar ahora un multa de 10 euros cada día a lo largo de cuatro meses. En cualquier caso, todos los acusados se han librado del delito de daños, porque se consideran de cuantía menos. Aun así, los sindicalistas citados anteriormente se ven obligados por la justicia a indemnizar al Ministerio de Defensa con un total de 485,84 euros por los desperfectos ocasionados y de 274,76 euros por gastos de limpieza en la zona de acampada. En la finca ocupada el pasado verano se encargan de cuidar una yeguada militar del Ejército español y el SAT la incorporó en una campaña reivindicativa que exigía la puesta a disposición de los jornaleros andaluces de las tierras públicas y privadas que no están en explotación, para ayudarles en su día a día. Concretamente, el sindicato reclamaba que las tierras de Las Turquillas fueran cedidas a una cooperativa de trabajadores del campo y, para conseguirlo, convocó y movilizó hasta dicha zona a unas quinientas personas, ofreciendo servicio de autobuses y vehículos particulares. Esta misma acción ya la había realizado el SAT otras veces antes del 24 de julio de 2012, pero sin llegar a ocupar literalmente la finca. Normalmente, se quedaban conviviendo allí unas horas y luego se marchaban. Pero la última vez fue distinta y definitiva, la decisión de asentarse era definitiva, y así se lo anunciaron a la Guardia Civil cuando acudió a movilizarlos: “vamos a permanecer el tiempo necesario hasta conseguir sus objetivos de cesión”. Sin embargo, ha sido un intento en vano. Los líderes han terminado condenados y la propiedad sigue estando adscrita al Ministerio de Defensa y gestionada por la unidad de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, una parte del terreno ya fue en su día cedida al Ayuntamiento de Osuna para un programa de gestión medioambiental que incluía la recuperación de unas lagunas desecadas y la organización de visitas turísticas.