SEGURIDAD

Manifestarse ante el Congreso estará penalizado

Por Elena Palencia3 min

España20-11-2013

El número uno del Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, prevé presentar este viernes, ante el Consejo de Ministros, las normas de la ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sustituirá a la actual ley Corcuera y en la que llevan ya trabajando varios meses. En la nueva normativa se incluyen penalizaciones de tipo administrativo para todos aquellas que, entre otras cosas, estén involucrados en un escrache, se manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores o insulten a un policía.

Después de darse cuenta de que sus intentos de frenar todas estas conductas han sido fallidos, en gran parte por culpa de los jueces, que no las han castigado, el Ejecutivo ha decidido llevar a cabo esta ley para tomar medidas por su propia cuenta. Una de las novedades que más polémica ha causado ha sido la de concentrarse o reunirse sin permiso ante Las Cortes, la cual es considerada por la ley como una infracción muy grave y, como tal, se sancionará con una suma de entre 30.001 y 600.000 euros. De este modo, el Ejecutivo tiene mucho más fácil obstaculizar movimientos como los del 25-S y tantos otros que no tuvieron consecuencias penales por parte de los tribunales. Este miércoles se retocarán los últimos detalles del borrador legislativo, durante la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en caso de ser aprobado, la próxima aceptación a la que tendrá que enfrentarse será a la del Gobierno. La intención del Ministerio de Interior es que su proyecto pase a sustituir a la ley que impulsó el ex ministro socialista Corcuera en 1992, en su momento calificada de “muy buena”. En lo que respecta a la ley Fernández, se compone de 55 artículos en muchos de los cuales se aprecia ligeramente un mayor control sobre las protestas realizadas en la calle. Es el caso de un apartado que trata sobre las posibilidades de acción de la policía, que podrá establecer “zonas de seguridad”: prohibir el acceso a un determinado perímetro urbano para impedir es ese espacio público reuniones de personas. De este modo, el Ejecutivo pretende evitar los escraches que se producen en los alrededores de las viviendas de políticos, a pesar de que la ley no mencione directamente a ninguna persona o profesión concreta. Por otro lado, los vehículos que se interpongan en la circulación de una vía pública, podrán ser retirados de forma expeditiva, siempre que los concentrados no hagan caso a la orden de los antidisturbios de despejar las vías ocupadas. También se considera como falta grave participar en altercados llevando capuchas o algún otro objeto que complique la identificación de los implicados. Pero la nueva ley no termina aquí, contempla sanciones económicas para una gran cantidad de conductas como pueden ser hacer botellón perturbando el orden público; trasladas en coche a drogadictos hasta los puntos de compra de la droga (“cundas”); dañar el mobiliario urbano; organizar barricadas; escalar edificios públicos sin permiso; maltratar animales públicamente, etc. Por estas acciones, y muchas más, se podrían instaurar multas leves, de 100 a 1.000 euros; graves, entre 1.001 y 30.000 euros; y muy graves, entre 30.001 y 600.000 euros. Las primeras reacciones de una gran mayoría de la oposición no han tardado en aparecer. Entre ellas, el diputado de ICV y portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha calificado la ley como “ley de la patada en la boca a la democracia”, ya que, para él, es “una ofensiva brutal contra los derechos civiles”. Para el portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, la ha definido como “una coartada para embridar el derecho de manifestación, que es un derecho fundamental muy protegido por la Constitución”.