Esta web contiene cookies. Al navegar acepta su uso conforme a la legislación vigente Más Información
Sorry, your browser does not support inline SVG

Doctrina Parot

El Constitucional unifica criterios sobre la doctrina Parot

Por Carlos Martínez de LeyvaTiempo de lectura3 min
España19-11-2013

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) establecerá a partir de este martes cuál va a ser su forma de actuar respecto de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que anuló la aplicación de la doctrina Parot. A su vez la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido este martes a tres secciones de la Sala de lo Penal que pongan en libertad a otros nueves etarras y cuatro miembros de los Grapo en aplicación del acuerdo del Tribunal Supremo que avaló la nulidad de la doctrina Parot.

Fuentes del TC han señalado que las consideraciones que el Pleno establezca en este caso a partir del martes serán tomadas en cuenta por las dos Salas que integran el tribunal de garantías, evitando con ello disparidad de criterios respecto de otros 28 recursos de presos con Parot pendientes de resolver. De ellos, 17 pendientes de sentencia, mientras que los 12 restantes aún tienen que ser o no admitidos a trámite. Se verá concretamente el recurso presentado por Ignacio Fernández de Larrinoa, acusado junto a su esposa Miren Gotzone López de Luzuriaga, por asesinar a dos Policías Nacionales en 1987 en Vitoria, y al general del Aire, Luis de Azcárraga, por el atentado contra la casa de la Guardia Civil en Llodio (Álava) en julio de 1989, por formar parte del "comando Araba" y por haber alojado en su casa a miembros liberados. En agosto de 2012, el Tribunal Constitucional rechazó el escrito presentado por el abogado Iñigo Iruln solicitando excarcelar a16 presos de ETA a los que se les había aplicado la doctrina Parot, y entre los que estaba Ignacio Fernández de Larrinoa. En cuanto a las excarcelaciones pedidas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional entre los 9 etarras destacan Juan José Zubieta Zubeldia, condenado a 1.851 años por diversos atentados como el de la casa cuartel de Vic (Barcelona) en 1991 en el que murieron 11 personas, cinco de ellas niños; Juan Carlos Arruti, Paterra, que cumple una condena de más de 1.200 años por catorce asesinatos, y Jesús María Zabarte, conocido como el carnicero de Mondragón, en cuyo amplio historial de asesinatos figura el del niño José María Piris. Los seis restantes son: Ignacio Recarte Ibarra, Javier María Goldaraz, Miren Maitane Sagastume, Joaquin Urain Larrañaga, José Ignacio Etxeberria Pascual y Luis María Lizarralde. Los cuatro grapo son Guillermo Vázquez Bautista -condenado a casi 260 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles-, María Jesús Romero Vega, Encarnación León Lara y Jaime Simón Quintela. Con la excarcelación de estos 9 etarras sumarán ya 33 los miembros de ETA puestos en libertad desde la notificación del 21 de octubre de la sentencia de Estrasburgo, mientras que los integrantes del Grapo excarcelados desde entonces serán ya cinco. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, atendió a los medios este martes, antes de su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, ha manifestado que no hay más remedio que acatar "por muy doloroso que sea" la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la doctrina Parot, que ha supuesto la excarcelación de presos por delitos graves, entre ellos etarras. Torres-Dulce ha explicado que la Fiscalía debe seguir el criterio marcado por el pleno del Tribunal Supremo tras la sentencia del TEDH, por lo que la únicamente cabe aplicar la doctrina Parot a causas sentenciadas después del 28 de febrero de 2006, cuando comenzó a ejecutarse. Y ha recordado que la Fiscalía ha impulsado su aplicación a terroristas y otros autores de delitos graves. También informo que la Fiscalía pedirá a las Fuerzas de Seguridad del Estado que adopten las medidas legales preventivas pertinentes para proteger a las posibles víctimas en los casos de excarcelaciones de presos con grave riesgo de reincidencia. Torres-Dulce ha recalcado el compromiso del Ministerio Público para proteger los derechos de las víctimas y ha insistido en que comparte su dolor por la situación creada con estas excarcelaciones. Finalmente ha dicho que espera la decisión que adopte ahora el Tribunal Constitucional para acatar su resolución.