Los partidos vascos acuerdan modificar dos leyes para proteger a los concejales amenazados
Por Cristóbal Cabezas
2 min
España12-04-2002
La comisión técnica vasca de seguridad, compuesta por todos los partidos a excepción de Batasuna (antes Herri Batasuna), alcanzó un importante avance en el consenso acerca de los cambios necesarios para garantizar la seguridad de los ediles en el País Vasco.
El acuerdo quedó cerrado en cuanto a los cambios que afectan a la Ley Electoral General, a la Ley Electoral vasca y a la normativa que regula el acceso a los registros públicos. Asimismo, la comisión se reúne de nuevo el 18 de abril para ultimar los temas que han quedado pendientes de aprobación. Los partidos acordaron promover el cambio de la Ley Electoral vasca, que habrá de abordarse en el Parlamento autonómico, para hacer posible que los apoderados e interventores de las formaciones políticas en las mesas electorales no estén obligados a ser residentes en la circunscripción. La medida permitirá al Partido Popular (PP) y al Partido Socialista de Euskadi (PSE) llevar al País Vasco militantes de otros lugares de España, sin obligar a los suyos al riesgo de hacerse conocidos para quienes les amenazan. También se comprometieron a solicitar la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para permitir la sustitución de los concejales dimitidos por personas que no figuraran en las candidaturas electorales cuando la lista se haya agotado sin encontrar a nadie dispuesto a asumir el cargo. Estas decisiones han suscitado diferentes opiniones en la esfera política. Mientras el PSE y el PP consideran que la modificación debe establecer que se endurecen las penas para las amenazas terroristas, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida (IU) creen que no debe diferenciarse esas amenazas de otras que por el ejercicio de su cargo pueda sufrir un edil. El representante socialista, Víctor García remarcó la inconveniencia de equiparar un insulto del entorno legal de ETA con la que pueda verterse contra un alcalde por una "trifulca vecinal", situación que los grupos del Gobierno vasco estudiarán durante la semana que media hasta la próxima reunión. En cambio, el portavoz de EA, Rafael Larreina, ya adelantó que ese acuerdo será difícil lo mismo que el que concierne a la petición de hacer inelegibles a las personas encausadas por terrorismo o violencia callejera, aunque no estén condenadas. Por su parte, el representante popular, Carlos Urquijo, insistió, aún reconociendo la importancia de los acuerdos, en la inutilidad de todos ellos si no se actúa contra Batasuna, el verdadero entramado legal de ETA.