CONSUMO
Una nueva ley protegerá al consumidor contra los abusos de las compañías
Por Mayra Ambrosio L.
3 min
Economía24-12-2006
Manos arriba, esto es un atraco. Esta célebre frase, reclamo del consumidor estafado, podría dejar de entonarse con tanta asiduidad. Escándalos como los casos de Opening, Gescartera, Fórum Filatélico y Afinsa o la reciente caída de Air Madrid han puesto de manifiesto que el consumidor se encuentra a merced de las compañías y que, en numerosas ocasiones, éstas abusan destrozando su economía y sus sueños, pero, ante todo, pisoteando su dignidad.
Ya lo había denunciado la Comisión Europea en 2003: España incumplía la directiva comunitaria en relación con las cláusulas abusivas a los consumidores, pero el Gobierno español ha tardado tres años en ponerse manos a la obra. El proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios quedó aprobado por el Congreso a comienzos de este mes y ahora iniciará su tramitación en el Senado. El Ministerio de Sanidad y Consumo calcula que la nueva ley entrará en vigor el próximo año. Una de las principales novedades, con las que se pretende poner fin a los abusos que sufren los consumidores, consiste en que, en el caso de la vivienda, el cliente podrá renunciar a la hipoteca que le propone la promotora y contratar el crédito con otra entidad. Se trata de una cuestión ya permitida por la actual legislación, pero la novedad radica en que, a partir de ahora, no podrá ser penalizado por esta acción. Asimismo, quedará prohibido trasladar al cliente los gastos de conexión a los suministros generales, ya que la vivienda tiene que entregarse en condiciones de habitabilidad. Con la nueva ley, la política del precio bajo va a dejar de ser la principal estrategia de publicidad de las compañías aéreas. Será obligatorio informar del precio total del producto, incluidos los gastos de publicidad y adicionales, además de desglosar los incrementos o descuentos que sean aplicables. Otro aspecto que pretende regular dicha normativa es la eliminación del redondeo al alza. Esta medida afecta especialmente a los aparcamientos y a los operadores de telefonía móvil, que deberán cobrar por el tiempo real en minutos y segundos, respectivamente. En el caso de los primeros, el proyecto de ley les concede una moratoria para la aplicación de esta exigencia, que será de cinco meses para los aparcamientos públicos de titularidad privada, y de hasta ocho meses para los que funcionan en régimen de concesión administrativa. Esta medida no tiene igual aplicación para el caso de la telefonía móvil, ya que no queda garantizada la total supresión del redondeo. Las operadoras ya ofertan tarifas por segundos, si bien algunas asociaciones denuncian que éstas resultan, en la práctica, más costosas que aquellas que sí aplican el redondeo. Una ayuda a las asociaciones de consumidores El proyecto ha sido acogido gratamente por la mayoría de los consumidores, que se sienten menos indefensos ante las conductas abusivas de las empresas. Ahora bien, las asociaciones advierten de que, en cualquier caso, que este proyecto de ley, si bien introduce mejoras, es sólo el anticipo de una reforma más amplia. El Gobierno tiene prevista la refundición de la ley marco que regula las relaciones entre empresa y clientes, que data de 1984, y cuya actualización está prevista para el próximo año. La nueva Ley de Consumo dará carta blanca a la financiación de las asociaciones de consumidores por parte de empresas privadas, siempre que su dinero se dedique sólo a costear planes de formación o estudios de interés general para el consumidor. El Ministerio argumenta que, de este modo, se aumentará la transparencia y se clarificará la financiación que reciben estas agrupaciones. Algunas están de acuerdo con la medida pero otras, como la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Facua), denuncian que éste es el primer paso para la pérdida de independencia y defienden que sea el propio Ministerio quien canalice hacia las asociaciones los patrocinios de las empresas privadas.