Visto para sentencia el juicio del 'chivatazo' que ha sentado en el banquillo a dos mandos policiales acusados de dar un soplo a un intermediario de ETA. Con ello se frustró una operación policial contra el 'aparato de extorsión' de la banda terrorista. Es decir, uno de los que recaudaba el dinero para luego emplearlo en la manutención de militantes en la clandestinidad en Francia o comprar armas para matar, entre otras funciones habituales.
Corría el año 2006. En plena negociación entre el Gobierno de Zapatero y ETA. Fue el mismo día que el presidente del Gobierno recibía en La Moncloa al líder del PNV, Josu Jon Imaz, quien iba a dar su beneplácito al proceso, seguramente ajeno a que un dirigente de su partido hoy fallecido Gorka Aguirre también estaba involucrado en el tráfico de dinero al otro lado de la frontera. "Las botellas de vino", como clandestinamente lo llamaba la red. En este escenario la 'Operación Urogallo' era un auténtico marrón político, pero en el banquillo sólo se han sentado dos policías, uno de ellos dedicado toda su vida a la detención de comandos terroristas.
Consideraciones de este tipo aparte, más allá de quien falta o quien sobra, existen precedentes jurídicos para poder vaticinar un resultado a este juicio en el que no ha habido grandes sorpresas, ni nadie ha tirado de la manta. Las acusaciones son por revelación de secretos (airear una operación) y por colaboración con ETA (un estigma imborrable para alguien que lleva toda su vida jugándosela en la lucha antiterrorista).
Existe jurisprudencia en el Tribunal Supremo que dice que para que se produzca un delito de colaboración es necesaria una afinidad ideológica, algo que evidentemente -dos policías- no se da en este caso. Dos hermanas fueron absueltas de este mismo delito tras pagar 8.000 euros a la banda alegando miedo insuperable. Si la Audiencia Nacional desoyese estos precedentes es de esperar que finalmente serían absueltos por el Alto Tribunal.
En cualquier caso este sería un consuelo menor si la sentencia reconociese como hechos probados que fueron ellos quienes dieron el chivatazo y por tanto incurrieron en revelación de secretos. Aunque no conlleva una pena suficiente para ingresar en prisión, pero sí con llevaría la inhabilitación del Cuerpo. El hecho sería el hecho y ya nada importarían los debates jurídicos sobre la colaboración.
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