MªJesús Torres.- Tuvieron que transcurrir 47 días de encierro para que los inmigrantes que permanecían en varias iglesias de Cataluña abandonaran su reclusión. Por otro lado, el pasado martes, según lo previsto, regresaron los primeros ecuatorianos a España. Según el delegado de Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, el resto de los ecuatorianos que se acogieron al plan seguirán el mismo camino.
Ha sido una semana de incertidumbres. Nadie sabía con certeza cuál sería la cifra definitiva de ecuatorianos repatriados. Se especulaba con que unos 6.000 ó 7.000 obtendrían el billete de ida y vuelta a Quito. Estas cifras, muy lejos de los 24.554 ecuatorianos que se acogieron a la oferta del Gobierno, eran las que inicialmente estaban en las previsiones del Ejecutivo.
Desde la oposición se tildó la oferta de repatriación de "timo" y "fiasco". Sin embargo, las autoridades ecuatorianas mantenían la esperanza en el Gobierno español. La solución llegó con la disposición de unos 2.000 empresarios, de origen desconocido, a pagar el viaje de vuelta a "un número significativo" de ecuatorianos.
Esta ayuda da al Gobierno la oportunidad de sacar adelante su plan, que costaría más de 3.000 millones de pesetas. Además, según Fernández-Miranda, los que están viajando son aquellos con oferta de trabajo. El resto viajará para formar parte del contingente de este año, aunque no está previsto su regreso inmediato. Esta suerte corrieron los 48 ecuatorianos que permanecen en Quito y que deberían haber regresado el pasado martes.
Los 700 inmigrantes encerrados en iglesias de Barcelona abandonaron el pasado miércoles sus protestas al llegar a un acuerdo con la Delegación del Gobierno en Cataluña, con la esperanza de que se regularice su situación. El próximo martes se reunirán sus representantes con algunos miembros de los grupos parlamentarios.
La Delegación del Gobierno regularizará a todos aquellos inmigrantes con oferta de trabajo llegados antes del 24 de enero de este año. Esta medida excepcional se sostiene por las circunstancias excepcionales, humanitarias o de arraigo, reconocidas en la actual Ley de Extranjería.
Asimismo, esta semana se decidió en el Parlamento vasco presentar un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 8/2000 ante el Tribunal Constitucional. La misma iniciativa fue rechazada en el Parlamento catalán debido a los votos en contra del Partido Popular (PP) y de Convergència i Unió (CiU).
[10-3-2001]