Pero además de todos estos hechos, y de que colectivos como SOS Racismo, ATIME, y los sindicatos mayoritarios de nuestro país se opongan a la reforma, habría que plantearse si la ley es constitucional. Personalmente creo que no lo es. La Constitución Española recoge, dentro de sus derechos fundamentales, los de reunión (artículo 21), asociación (artículo 22), sindicación y huelga (artículo 28). Si por derechos fundamentales entendemos que son aquellos que cualquier persona posee por el hecho de serlo (persona, se entiende), la reforma de la Ley de Extranjería es inconstitucional. Otra cosa es si el PP interpreta que los ciudadanos extranjeros no tienen los mismos derechos fundamentales que los españoles. Tienen razón en no equiparar en derechos a los inmigrantes que tienen toda la documentación en regla con los que son irregulares. Pero nadie les ha pedido eso.

Sólo solicitamos que una persona, venga de dónde venga, y sea cuál sea su situación, pueda gozar de derechos fundamentales para su recto desarrollo como ser humano. Una vez que el PSOE ha manifestado públicamente que no va a recurrir la inconstitucionalidad de la ley, grave error también por su parte, pues si defiendes los derechos de los inmigrantes debes hacerlo con todas sus consecuencias, todo queda en manos del Defensor del Pueblo, el único capacitado legalmente para presentar ese recurso. Confío en que Enrique Múgica sea sensible a este tema, como me consta que lo es para todos aquellos que atentan contra las injusticias humanas.