Beatriz de Lucas.- Algunos colectivos sociales, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, llevan años reivindicando que los terroristas cumplan íntegramente las penas a las que son condenados. En 1995, la AVT sacó el debate a la luz al presentar en el Congreso 1.085.000 firmas solicitando las modificaciones legales necesarias que garantizaran que los terroristas agotarían sus penas en prisión.

En este debate intervienen elementos jurídicos y políticos que dificultan la posibilidad de que los terroristas cumplan de forma completa sus penas. La petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo choca de frente con el artículo 25 de la Constitución, según el cual el encarcelamiento debe estar orientado a la reinserción social de los presos. El Ejecutivo, que está negociando con el PSOE un paquete de medidas para endurecer la lucha judicial contra la violencia terrorista y callejera, ve “serios obstáculos” a que las penas se cumplan íntegras. Fuentes gubernamentales han admitido que los planteamientos realizados en los últimos días -ante los que el Ejecutivo se considera receptivo- deberían incluirse entre estas medidas.
Hasta el momento no se contemplaba la posibilidad de que las penas se cumplieran de forma íntegra. El actual Código Penal establece una pena máxima de 30 años de cárcel y anula las redenciones. El código antiguo contemplaba condenas de igual duración pero con la redención de penas por trabajo y otros beneficios penitenciarios, éstas solían quedar reducidas a la mitad. La AVT mantiene una posición muy clara sobre este tema. La asociación que preside Sonsoles Álvarez se opone “tajantemente” a los indultos. “Si en unos años ETA vuelve a engañarnos dirán que hay que ser generosos con ellos. Nosotros queremos que cumplan los 30 años de pena íntegros, porque no nos creemos los falsos arrepentimientos y alejamientos de ETA” ha declarado el portavoz de la AVT, Juan Antonio Corredor, en relación con la posibilidad de indultar al etarra José Miguel Latasa Gueteria, expulsado de la banda y condenado a 778 años de cárcel.
Otro inconveniente al cumplimiento íntegro de las penas es que la decisión judicial no tendría carácter retroactivo, lo que significa que no podría ser aplicada los terroristas condenados en la actualidad, ya que entraría en vigor dentro de 30 años y, para entonces, la situación política y la social podrían haber variado considerablemente. A pesar de todo, el debate continúa vivo en la sociedad española.
[29-10-2000]