Javier Giraldo.- Junto a Sotos se sentarán en el banquillo otros seis imputados acusados de apropiación indebida, estafa y falsificación de documento mercantil. De un total de siete encausados, cinco de ellos se enfrentan a una pena de ocho años y medio de prisión mayor y a la asunción de la responsabilidad civil, que supondría un total de 24.700 millones de pesetas.
En la reapertura del juicio, Sotos recordó que el proyecto nació gracias a la UGT y negó las dos principales acusaciones del fiscal: que IGS (gestora que él preside y que se encargó de llevar las cuentas de PSV) empleara fondos de la cooperativa para cobrar en exceso sus honorarios como gestora; y que hubiese maquillado las cuentas para ocultar tales maniobras.
Ante las insistentes preguntas del fiscal, el responsable de la PSV hasta 1993, admitió que el dinero de los socios pasaba de la cuenta de la cooperativa a las cuentas de IGS, que prestaba todos los servicios a PSV y que facturaba por ello un 12 por ciento. Esos trasvases de dinero tenían sentido y era la forma habitual de funcionamiento de los sistemas cooperativos, según Sotos.
Además, Sotos atribuyó la paralización del proyecto a las exigencias de los bancos de fragmentar el proyecto de PSV por promociones y restringir las ayudas a la gestora IGS: "La banca nos exigió este modelo tremendo porque podía haber un problema grave de concentración excesiva del riesgo", declaró.
En la sesión del martes, el principal imputado continuó con su rotunda negativa a las acusaciones del fiscal y cuestionó los informes periciales que manejaba la acusación. Y si el día anterior extendió la responsabilidad a los bancos, en la jornada del martes dio un paso más e intentó sumergir al Ayuntamiento de Madrid en la red de culpas: "La gestión [del consistorio madrileño] fue un desastre". Sotos resumía así su carga contra el Ayuntamiento de la capital (en manos del Centro Democrático y Social hasta 1991 y del Partido Popular posteriormente), a quien acusó de retrasar durante más de cuatro años la concesión de las escrituras públicas de parcelas que había adjudicado en concurso, lo que obligó a la gestora IGS a adelantar financiación y a soportar una elevada carga financiera.
[18-4-2000]