Amalia Casado.- El presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, y su hijo, Miguel Ángel Gil Marín, pusieron a disposición del juzgado varias fincas de Los Ángeles de San Rafael (Segovia) para pagar así las fianzas de 125 y 50 millones de pesetas que el juez les exigió para eludir la cárcel y seguir en libertad.

Gil dijo que tuvo que aportar la fianza de esta forma porque está "tieso", dado que tiene embargadas las cuentas del club y varias sociedades filiales. La cuantía de las fianzas supone algo más de la mitad de lo que exigía el fiscal Carlos Castresana, quien reclamó 200 millones de pesetas para Gil y 100 para cada uno de los otros dos imputados. El fiscal fundamentó su petición de medidas cautelares para Gil, su hijo y el ex vicepresidente del Atlético, Enrique Cerezo, en el "riesgo de reincidencia en el delito" ya que, según fuentes jurídicas, el fiscal alegó que Gil puede seguir realizando contratos con dinero negro, puesto que ha reconocido que lo hizo en el pasado.
El juez justificó finalmente la medida cautelar no sólo en el "riesgo de reincidencia en las conductas delictivas anteriores" y en el "relativo, pero posible" riesgo de destrucción de pruebas, sino en que pueda también producirse "ocultación de las existentes o de elaboración y confección de pruebas ficticias", peligro que, según dice, debe prevenirse mediante las fianzas acordadas.
Lo que no tiene precio para Jesús Gil es la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, publicada en el BOE del pasado 8 de enero y que entrará en vigor en el 2001. "Esto es para mí el décimo de lotería, el del Niño...", anunció con euforia el alcalde de Marbella. La emoción se debía a que la defensa de Gil, que desempeña Horacio Oliva, considera que esta Ley, que deroga el decreto de 1969 llamado decreto Matesa, por el que se procedió a la administración judicial del club, es hoy aplicable ya, lo que implicaría una transformación de la naturaleza de la actual administración judicial.
La defensa de Gil presentó un escrito en el juzgado reclamando la aplicación de esta nueva ley en la que el legislador prevé que se pongan de acuerdo acreedores y deudores en una administración judicial. "Todo es de mutuo acuerdo entre las dos partes, y es un sistema mucho más lógico, mucho más benigno que el actual y que expresamente deroga el decreto del 69", opinó Horacio Oliva.
Expertos judiciales mostraron su desacuerdo con la aplicación de un decreto de dudosa constitucionalidad antes de tomar declaración al imputado, sin embargo, creen que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil no puede aplicarse ni apelarse hasta que ésta entre en vigor en el 2001. La misma opinión le merece al fiscal Carlos Castresana, "así que, en el 2001, hablaremos".
[20-1-2000]