Amalia Casado.- El problema de este programa común nacionalista alcanzado en Santiago surge de los desiguales beneficios electorales para los firmantes. Militantes y líderes de CiU temen repercusiones negativas en sus resultados electorales, y los sondeos preelectorales ya vaticinan un descenso del apoyo a este partido que no se prevé para el resto de los nacionalistas.
"Contribuimos a ayudar al PNV, que está en una compleja situación en el País Vasco, y damos credibilidad al BNG, pero nosotros lo único que conseguimos es asustar a nuestro electorado", manifestó un dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Sin embargo, se evita el tema para no resucitar fantasmas de escisión dentro de la coalición cuando la renovación de los dos partidos que la conforman está a la vuelta de la esquina. Josep Camps, representante de CDC en Santiago, expresó su deseo de llevar a la práctica los acuerdos alcanzados, pero precisó que no impedirán que CiU siga contribuyendo a la "gobernabilidad del Estado".
No hay referencias a exigencias soberanistas ni de estructura confederal para el Estado en este programa aunque ése es el objetivo por definición de todo partido nacionalista y el trasfondo de la Declaración de Barcelona -firmada en julio de 1998-, de la que se extraen los puntos del actual acuerdo. Contiene reivindicaciones concretas como que los tribunales superiores de justicia de Galicia, Cataluña y País Vasco sean las máximas instancias judiciales en su territorio, la reforma del Senado y del Tribunal Constitucional, la creación de selecciones deportivas nacionales, o la supresión del Ministerio de Cultura.
El acuerdo entre nacionalistas no les vincula a una estrategia poselectoral común y podrán pactar según sus intereses para formar gobiernos. Francisco Rodríguez, del BNG, ha manifestado que desde su partido "no cuestionarían" un pacto de gobierno de CiU con el Partido Popular (PP). Josep Camps dijo que la estrategia poselectoral de CiU "no está definida", pero que los puntos básicos para negociar serían "más autogobierno y la solución al problema de la financiación autonómica". Para Ricardo Ansuategi, del PNV, "los incumplimientos del PP en esta legislatura hacen que sea difícil reeditar cualquier tipo de acuerdo".
El Gobierno se mantiene a la expectativa de lo que se apruebe en Bilbao por los líderes nacionalistas, pero ya ha anunciado su actitud negociadora siempre y cuando lo que se reivindique respete el marco constitucional y los respectivos estatutos de autonomía.
[5-1-2000]