Aznar se comprometió a apoyar militarmente a la OTAN
Nuria Mª Villacañas.- Lo que uno empieza debe terminarlo. Así de contundente se mostró el presidente del Gobierno español, José Mª Aznar, con respecto a la actuación de la OTAN en la antigua Yugoslavia tras entrevistarse, durante más de tres horas, con el presidente estadounidense Bill Clinton. Aznar y Clinton manifestaron sus posturas acerca de la difícil situación que atraviesan los Balcanes después de dos semanas de intensa actividad por parte de las fuerzas de la OTAN.
Durante la reunión con Clinton, Madelaine Albright - secretaria de Estado - y el Consejero Presidencial de Asuntos de Seguridad, Sandy Berger; el jefe del Ejecutivo español señaló que los países aliados "no toleraran el genocidio y la barbarie perpetrados por los serbios en Kosovo". Además, Aznar anunció la intención de poner a disposición de la OTAN las bases aéreas en el territorio español. Asimismo, el presidente aseguró que España será fiel al cumplimiento de los planteamientos de la Alianza Atlántica con el fin de detener el genocidio y la limpieza étnica que Milosevic ha llevado a cabo contra el pueblo albano-kosovar, además de procurar el regreso de los refugiados a sus ciudades en condiciones de máxima seguridad: "estamos de acuerdo en que hay que seguir con los ataques aéreos hasta que se consigan los objetivos de la OTAN", dijo Aznar.
José María Aznar garantizó el compromiso del Gobierno de enviar 400 soldados españoles a la zona para reforzar los efectivos militares que operan en Albania y Macedonia. Por su parte, Bill Clinton agradeció a Aznar la aportación de España en la crisis. El presidente de los EE.UU. destacó la importancia de nuestro país como base logística para las operaciones militares y, principalmente, la ayuda en el frente humanitario. Además, Clinton elogió la actuación del Secretario General de la OTAN, Javier Solana. [14-4-1999]
Roger Torelló Esteban.- La inflación sufrió una fuerte subida en marzo al aumentar un 0,4%. Los precios de los alimentos, carburantes y del sector servicios, que refleja una subida del 3,8%, son las causas de este aumento de la inflación, con lo que el alza de los precios en los últimos 12 meses es ya del 2,2%. Ante esta situación, el Gobierno que dirige José María Aznar adoptó el pasado viernes un plan de choque contra la inflación con el que se pretende contener en tres décimas la evolución del IPC y mantener el objetivo del 1,8% para todo el año.
Este bloque de medidas prevé rebajar, entre otros, los precios de la electricidad (en un 4%), el gas (entre un 2% y un 4%), el teléfono (un 10% las llamadas provinciales, un 20% las interprovinciales y un 12% las internacionales), la vivienda (reducción en un 25% de los aranceles de notarios y registradores en la constitución, modificación, subrogación y cancelación de las hipotecas para la compra de viviendas), las autopistas (rebaja del peaje de autopistas en un 7%) y los medicamentos (se recortan 1,5 puntos los márgenes de distribución de productos farmacéuticos para mayoristas). La bolsa española - en especial los inversores extranjeros - reaccionó de manera muy negativa y registró fuertes caídas en las empresas afectadas ante la expectación de menores ingresos. El índice de servicios cayó más de un 4%. [16-4-1999]
Juan Emilio Maíllo.- El constructor Antonio Sangregorio reconoció ante el Tribunal Supremo que había entregado un talón por valor de 750.000 pesetas, como parte de una aportación de tres millones que él, y otros dos colegas suyos - César Martínez Omaña y Miguel Vecino - realizaron para la campaña electoral de 1987 a la Junta de Castilla y León del hoy presidente del Gobierno, José María Aznar. Con su declaración, Sangregorio desdice a su colega Martínez Omaña, quien declaró el pasado 23 de marzo que "nunca jamás" había dado dinero a Aznar.
Ante esta acusación, el magistrado que instruye el caso, José Antonio Martín Pallín, ha pedido al Banco Santander de Zamora que aporte los movimientos de la cuenta de Alianza Popular desde el 25 de mayo de 1984 al 3 de febrero de 1989. En esa fecha, se cambió la denominación del partido por la actual de Partido Popular. Asimismo, el magistrado ha pedido al resto de entidades bancarias que le informen de si existen o han existido otras cuentas bancarias a nombre de alguna de esas dos formaciones políticas.
El instructor también se ha interesado por las actuaciones del sustituto del ex presidente de la Diputación y denunciante del caso, Antolín Martín, durante el tiempo que por causas previstas legalmente éste estuvo fuera del cargo. La intención del juez responde a las acusaciones de Antolín, quien ha denunciado que durante sus ausencias trataban de otorgar obras a empresas afines al PP.
El problema que se presentaba a la declaración de Sangregorio era que había firmado un documento en el que negaba haber otorgado dinero al PP para sufragar una campaña electoral. Pero en sus palabras ante el juez manifestó que, ante su problemática situación económica y teniendo en cuenta las ayudas que le ofrecían Luis Ortiz y José Manuel Peñalosa, parlamentarios del PP, prefirió negar la entrega del dinero. Según el abogado de la acusación, Jacobo Echevarría Torres, la actuación de Ortiz puede constituir los delitos de falsedad en documento público, presentación de documentos falsos en juicio y acusación falsa. El abogado ha pedido al magistrado que cite a declarar a Ortiz por lo que, si éste lo estima oportuno, deberá remitir al Congreso el correspondiente suplicatorio. [17-4-1999]
Alberto Escalante-. El pleno del Tribunal Constitucional decidió el pasado miércoles admitir a trámite el recurso de amparo que presentó el Gobierno contra la decisión del parlamento vasco de ceder sus instalaciones a la Asamblea Kurda en el exilio. Con esta medida queda suspendido el acuerdo del Parlamento de Vitoria hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia. El Constitucional tiene ahora un periodo máximo de cinco meses para ratificar esta suspensión o por el contrario levantarla y permitir que la Asamblea Kurda se reúna en Vitoria. Este recurso de amparo fue interpuesto por el Gobierno central tras conocer la petición de la cámara autonómica vasca, pues el Ejecutivo considera que vulnera la exclusividad constitucional del gobierno en materia de asuntos exteriores.
El ministro de exteriores, Abel Matutes, dijo nada más conocer la suspensión del Constitucional que era una decisión que "entra dentro de la lógica" y que era "de esperar". Los que ya no estaban tan contentos eran los nacionalistas. El PNV, que junto con EA, EH e IU habían votado a favor de las reuniones en el parlamento vasco, señaló que se trata de una "torpeza política" suspender esta decisión. El portavoz de Euskal Herritarrok, Kepa Gordejuela, manifestó que "se ha vuelto a poner el interés y la razón de Estado por encima de los intereses y de la voluntad política" de los vascos.
Por otro lado, pocas horas antes, los partidos nacionalistas secundaron un paro simbólico de una hora al que se unió el Gobierno de Ibarretxe. Con este paro se quiso reivindicar los postulados del Pacto de Lizarra y, según los convocantes, afianzar el proceso de paz que está encallado. PP y PSOE aprovecharon la ocasión para criticar al PNV por organizar acciones como ésta para marcar aún más las distancias entre los nacionalistas y los no nacionalistas, siguiendo las órdenes del binomio ETA-HB. [14-4-1999]