La Semana.- Las cifras no son más que el resumen de algo más que racismo. Tres muertes, 42 personas detenidas, cuantiosos daños materiales y cinco días de huelga constituyen la cronología de una historia escrita con las letras de la violencia en El Ejido (Almería).

Los acontecimientos ocurridos en los últimos días en la localidad almeriense, donde una de cada cinco personas es inmigrante magrebí, "no son algo superficial que ha pasado ahora porque sí, y los temas de fondo pueden repuntar", según las declaraciones que hizo el pasado sábado el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.
El choque de costumbres, culturas, posición social y solvencia económica puede esconderse en el trasfondo del conflicto. Dos agricultores murieron el mes pasado en El Ejido tras mantener una disputa con un inmigrante. Encarna López, una joven de 26 años, fue presuntamente asesinada el pasado día 6 por un joven magrebí de tan sólo 20 años. La gente se echó a la calle contra los inmigrantes, sus comercios y su mezquita y éstos, la mayoría de ellos jornaleros ilegales que viven en viviendas infrahumanas y subsisten con el sueldo por el que no trabajarían los españoles, decidieron no ir a trabajar. Cortes de carreteras, barricadas o paros han sido las reacciones de los magrebíes a la violencia que sufrieron en los últimos días.
Los empresarios, preocupados por la pérdida de las cosechas, intentaban la negociación mientras pasaban los días y continuaban los altercados. Finalmente, la Comisión de Inmigrantes de El Ejido, empresarios, sindicatos, ONG y administraciones acordaron 11 puntos que han de cumplirse antes del día 25. Si no ocurre, los inmigrantes convocarán una nueva huelga. Según el Gobierno, el acuerdo social es lo importante y, por ello, a partir del 21 de marzo, comenzará la regularización de 5.000 trabajadores indocumentados de la zona de El Ejido, Vicar y Níjar.
Cruz Roja y la Junta de Andalucía decidieron levantar un campamento para acoger centenares de inmigrantes que se quedaron sin vivienda. Otra de las medidas consiste en la gestión de un fondo social con un valor inicial de 400 millones de pesetas para indemnizar a los afectados. Por su parte, los empresarios se comprometieron a intervenir en la regularización del mercado laboral y así denunciar los incumplimientos del convenio del campo. Son los pasos hacia un posible entendimiento en un enmarañado agregado de grupos sociales muy divergentes.
[13-2-2000]