Juan Emilio Maíllo.- La Mesa Parlamentaria del País Vasco - con el apoyo de PNV, EA y EH y los votos en contra de PP y PSOE - decidió el pasado martes 9 permitir que 65 miembros del autodenominado Parlamento Kurdo en el exilio se reúnan en la Cámara de Vitoria en el mes de junio. Las consecuencias de esta decisión han sido valoradas de diferente modo por los diferentes grupos políticos. El Gobierno va a tratar de impedir por todos los medios que este grupo de 65 kurdos en el exilio entren en territorio español.
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, calificó la decisión de los nacionalistas de "espectáculo lamentable, una escenificación más de la radicalización de las posiciones" y añadió que el Ejecutivo trata de evitar "un alegato a favor del terror de un grupo violento que representa la mayor violencia de las posibles". Incluso el embajador de Turquía en Madrid indicó que "la llamada Asamblea del Kurdistán en el exilio no es un Parlamento, puesto que sus miembros no son elegidos, sino nombrado por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)". Para contestar a estás palabras se alzó la voz del presidente del Parlamento en el exilio, quien afirmó que "la lucha y las conquistas del pueblo vasco son un ejemplo para los kurdos" y añadió que "el destino del pueblo vasco y el kurdo es el mismo".
El PSOE, en la voz de Juan Alberto Belloch, portavoz del partido en la Comisión Parlamentaria de Justicia e Interior, manifestó que se trataba de "un error más dentro del seguidismo de los nacionalistas a lo que marca ETA a través de EH". Por parte de los nacionalistas catalanes, Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, expresó que entendía la decisión del Parlamento vasco y definió a los kurdos como un pueblo "ignorado, despreciado y perseguido". Como respuesta a Pujol, el presidente del Gobierno, José María Aznar, indicó que "no estamos hablando del pueblo kurdo ni de la situación de nadie, sino que se está hablando de la cesión de una instalación en territorio español". La nota discordante ha venido por parte de EH, ya que su líder, Arnaldo Otegi, afirmó que los kurdos "vendrán a Euskal Herria aunque tengamos que ayudarles a cruzar clandestinamente la frontera".
La cesión del Parlamento vasco a los exiliados kurdos ha creado diversos problemas en las relaciones económicas entre ambos países. La élite empresarial de Turquía encabezada por el presidente de la organización patronal turca, Erkut Yücaoglu, y el de las cámaras de comercio, Fuad Miras, han anulado un viaje que tenían previsto a Bilbao para el 1 de marzo. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, avisó que con esta decisión están en peligros numerosos puestos de trabajo y que la renuncia de los empresarios kurdos a visitar Bilbao puede suponer la pérdida de un crédito de 60.000 millones que el Gobierno ha habilitado para la exportación a Turquía de productos españoles. [10-2-1999]
Juan Emilio Maíllo.- Los precios subieron en el mes de enero un 0,4%. Con este dato, la inflación de los últimos 12 meses se sitúa en el 1,5% (debido al redondeo). Las causas de esta subida se deben principalmente al aumento del precio de los alimentos (0,7%), y sobretodo del tabaco (4%). A esto hay que sumarle la actualización del impuesto de las gasolinas y carburantes (suben un 1,8%) y la subida de las tarifas de los transportes públicos.
Si se compara este dato que ofrece el Instituto Nacional de Estadística con los del mes de enero de 1998 se comprueba que los precios han subido el doble. En el apartado de los descensos de precios hay que destacar la reducción del precio de la vivienda (-0,6%), motivada por la bajada de los gastos en calefacción, alumbrado y distribución de aguas. El secretario de Estado de Economía, Cristobal Montoro, pidió que no se hagan anuncios de subidas de precios "exageradas" que incitan a los consumidores a "precipitarse" a comprar.
También hubo aviso para la subida de los salarios y Montoro marcó como punto de referencia una subida anual del 1´5% pese a que las previsiones del Gobierno apuntan al 1,8%. Por su parte, los sindicatos culparon de la subida del IPC al aumento de los impuestos indirectos, que han sido utilizados por el Gobierno para paliar la reducción de los ingresos por el IRPF. [12-2-1999]
Alberto Escalante.- El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, mantiene su intención de presionar a Gibraltar. Así lo aseguran las medidas tomadas para incrementar los controles fronterizos en la verja: no reconocer los carnés de conducir expedidos en la colonia y no permitir los vuelos sobre espacio español con destino a Gibraltar. La decisión ha disgustado a los ingleses, que han elevado una queja a la Comisión Europea para denunciarlas. Sin embargo, la Comisión Europea ha respondido que el Reino Unido no forma parte del convenio de Schengen sobre la libre circulación de personas en la UE, por lo que la verja se considera frontera exterior. El convenio permite "el reforzamiento de las fronteras exteriores" para la lucha contra el contrabando o el narcotráfico. Así pues, las medidas impuestas por el Gobierno español son justificables legalmente.
El pasado jueves se constituyó en Madrid una comisión interministerial en el Congreso de los Diputados que se encargará de adoptar medidas concretas para potenciar la economía del Campo de Gibraltar y acabar con la dependencia laboral de los españoles con la colonia británica. El presidente de esta comisión será Francisco Álvarez-Cascos, vicepresidente primero del Gobierno, y estará integrada por los ministerios de Defensa, Industria, Interior, Agricultura, Fomento, Medio Ambiente y Trabajo. Mientras tanto, en la frontera continúan los problemas para los trabajadores españoles que tienen su puesto de trabajo en Gibraltar. Durante toda la semana, se han sucedido las interminables colas de coches frente a la verja, debido a la intensificación de los controles fronterizos de la Policía. Los cerca de tres mil españoles que trabajan al otro lado de la frontera, se reunieron esta semana en La Línea para crear la Unión de Trabajadores Españoles en Gibraltar, una asociación "laboral apolítica" que velará por los derechos de sus miembros frente a las autoridades. [11-2-1999]
Alberto Escalante.- Esperanza Aguirre se convirtió la semana pasada en la primera mujer presidenta del Senado en la Historia de España. Los votos del PP y de sus socios nacionalistas vascos (PNV), catalanes (CiU) y canarios (CC) sumaron un total de 150, mientras que el PSOE apoyó a su candidata, María Antonia Martínez, con un global de 90 votos. La votación se completó con los cuatro votos en blanco de los senadores del Grupo Mixto. Aguirre no tuvo por lo tanto el apoyo de todos los grupos como sí tuvo en su momento su antecesor en el cargo, Juan Ignacio Barrero. Por eso, Esperanza Aguirre se puso en su discurso como objetivo que "todas las senadoras y senadores lleguen a considerarme por igual como su presidenta". La candidata del PSOE al puesto, María Antonia Martínez, tuvo palabras de elogio para con Esperanza Aguirre, de la que dijo que "será mejor que el presidente que se va".
El discurso de Aguirre giró en torno a la pluralidad de España que "constituye y enriquece a la nación española". Aguirre afirmó que "la Constitución proclama como uno de los pilares del sistema político el reconocimiento y la garantía del desarrollo de la personalidad propia de las nacionalidades y regiones que integran España". Como gesto a estas nacionalidades, la presidenta dio parte de su discurso en las cuatro lenguas oficiales de España: castellano, gallego, catalán y euskera.
La exministra de Educación y Cultura estuvo apoyada por el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, y por las ministras del Ejecutivo de Aznar: la de Medio Ambiente, Isabel Tocino, y la de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. También acudieron los ministros de Administraciones Públicas, Ángel Acebes; el de Trabajo, Manuel Pimentel y el de Sanidad, Romay Beccaria. [11-2-1999]