Alberto Escalante.- Manuel Zamarreño se ofreció para ser el sustituto en el Ayuntamiento de Renteria de José Luis Caso, concejal del PP asesinado por ETA. Pero él se convirtió la el jueves pasado en otra nueva víctima. La banda terrorista activó una bomba alojada en una moto cuando el concejal popular volvía de comprar el pan y sesgó su vida. El artefacto, compuesto por tres kilogramos de amosal, fue activado con un mando a distancia alrededor de las once de la mañana del jueves. En el atentado resultaron también heridos el ertzaina que le escoltaba y dos vecinas. El concejal estaba casado y tenía cuatro hijos.
Todas las fuerzas democráticas, como es habitual, mostraron su rechazo y consternación por el nuevo atentado. Pero en esta ocasión la mayoría coincidieron en atacar al PNV por mantener el dialogo con HB. Desde el Gobierno se ha apelado a los ciudadanos a que en las urnas demuestren definitivamente el aislamiento a los radicales. Arzalluz, presidente del PNV, ha calificado estas críticas hacia su partido de "linchamiento" y "chantaje". José María Aznar afirmó que lo único que ha cambiado desde hace un año cuando ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, es que ahora "hay más crímenes". "Pero no solo eso - añadió Aznar en una clara referencia al PNV - si hace un año HB estaba aislada, como debe estar, parece que en estos momentos puede hasta formar mayorías en el Parlamento vasco".
Juan Emilio Maíllo.- Cuatro días de debate han necesitado los ministros de Agricultura de la Unión Europea para aprobar la reforma del sector olivarero. La ministra española, Loyola de Palacio, ha conseguido para nuestro país una cuota de 760.027 toneladas anuales, 135.000 más de las que tenía antes de empezar las negociaciones de la última semana. Pese a todo, las ayudas por kilo de producción serán inferiores a las que recibirán nuestros principales competidores, Italia, Portugal, Grecia y Francia. La cifra ha quedado para la producción española en 153´8 ptas./kilo, por las más de 190 que recibirán los italianos.
Loyola de Palacio contó durante esta última negociación tanto con el apoyo firme de los países más poderosos de la UE como con el de la Comisión. Incluso el comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, que en su propuesta de reforma del mercado del aceite se ganó las iras españolas, ha defendido durante esta semana las tesis planteadas por nuestra ministra de Agricultura. A su llegada a España, Loyola de Palacio se sentía "razonablemente satisfecha" por el acuerdo alcanzado, y afirmó que "garantiza más jornales y el porvenir del sector olivarero". Los socialistas no están tan satisfechos con la actuación de la ministra, y el propio José Borrell, candidato socialista a la presidencia del Gobierno, señaló que "la ministra debería asumir su fracaso e irse". Desde IU, Salvador Jové, eurodiputado de la coalición consideraba las ayudas para el sector como "insuficientes", e instó al Gobierno a que "de explicaciones claras" a los afectados.
Desde los sindicatos también se ha criticado el acuerdo alcanzado en Bruselas. El portavoz de la Mesa del Aceite, Antonio Luque, pidió "un esfuerzo para forzar una reestructuración y ordenar el mercado". Las palabras más duras llegaron desde UGT, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Tierra de este sindicato, Juan Aguilar, dijo que el acuerdo "produce un empeoramiento general de la situación debido a los errores y a la estrategia calamitosa seguida en la negociación por Loyola de Palacio". Desde CC.OO. se afirmaba que "la reforma queda totalmente alejada de la realidad de la producción del aceite de oliva en España".
Alberto Escalante.- El vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos y el ex presidente Felipe González acudieron esta semana a declarar al Tribunal Supremo como testigos del Caso Marey. El lunes fue el turno del vicepresidente, quien afirmó que "hay suficientes elementos de convicción para atribuirle a Felipe González toda la responsabilidad política por acción y por omisión en la gestación, nacimiento, organización, financiación y finalización de las actividades terroristas de los GAL." Cascos reconoció además haberse reunido con el abogado de Amedo y Domínguez y con Pedro J. Ramírez en el despacho de éste último. Pero Cascos afirmó que, a pesar de que Barrionuevo le pidió que "intercediera ante miembros del Poder Judicial sobre su situación procesal", él jamás les prometió el indulto.
Barrionuevo le replicó y le acusó de haber "faltado abiertamente a la verdad a pesar de la promesa solemne que ha hecho ante el tribunal". Según el ex-ministro en esa reunión se trató el tema de la excarcelación de Damborenea, entonces encarcelado por Garzón. Felipe González basó su declaración del martes en tres ideas. La primera es la de que el GAL no hizo más que perjudicar la colaboración con Francia. Según González en noviembre de 1983 François Miterrand le anunció que iba a deportar a los etarras, por lo que el GAL entorpeció la lucha antiterrorista.
González apuntó al juez Baltasar Garzón al acusarle de que le había pedido el indulto para Amedo y Domínguez. Vera, Barrionuevo y Corcuera también se lo pidieron. La tercera idea en la que ahondó González es en la reforma legal que permita la descalcificación de los papeles del Cesid; "parece que es que uno no quiere responder, por la ley me impide hablar de los documentos que me mandó el servicio de inteligencia".
Al día siguiente el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra insistió en la acusación a Garzón y afirmó que el juez le dijo en el cierre de campaña de 1993 que "si Felipe no me hace ministro, se acordará de mi toda la vida". Garzón era por aquél entonces número dos socialista por Madrid y más tarde sería instructor del Caso Marey. Corcuera, que también declaró el miércoles, reiteró esta acusación. Según él Garzón se lo comentó en unos cursos de verano. "Yo era partidario de conceder ese indulto y así se lo dije -declaró Corcuera-. Recuerdo que me manifestó su opinión sobre la celeridad con que pudiera darse. Me pareció que tenía cierta urgencia".
Juan Martín Muñoz.- El general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo abandonó la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) el pasado jueves, tras depositar su abogado un aval bancario por los 25 millones de pesetas que le impuso como fianza el juez Gómez de Liaño. Rodríguez Galindo, está procesado por el caso Lasa y Zabala, y se encontraba en prisión preventiva desde el 15 de septiembre del año pasado, ya que se negaba a pagar la fianza hasta que no quedasen en libertad sus antiguos subordinados, los ex agentes Felipe Bayo y Enrique Dorado.
Cuando acudió a depositar la fianza, el abogado no quiso revelar la identidad de las personas que han avalado económicamente a Rodríguez Galindo y se limitó a señalar que "ha habido muchas ofertas, pero todas procedentes de particulares y ninguna institucional", en clara alusión al PSOE, que en su día pagó la libertad de otros procesados. El general abandonó el centro penitenciario sin hacer declaraciones, a bordo de un vehículo todo terreno con los cristales ahumados, en el que viajaban también su abogado, Jorge Argote y el ex secretario de Rafael Vera, Juan de Justo. El militar se dirigió hacia su domicilio para reunirse con su familia.
El ex guardia civil Felipe Bayo recluido en el hospital penitenciario, expresó su satisfacción por la puesta en libertad de Rodríguez Galindo. "Me he alegrado mucho cuando he sabido por los medios de comunicación que estaba a punto de salir, y sobre todo me alegro por su familia que es la que peor lo está pasando". En términos distintos se pronunció el abogado de Bayo, Angel López Montero, "el general es muy libre de hacer lo quiera pero que no hable de solidaridad con sus subordinados".
Además de Vera, Rodríguez Galindo Bayo y Dorado, están procesados por el caso Lasa Zabala, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga y el capitán de la Guardia Civil Ángel Vaquero, así como el propio abogado de la mayoría de ellos, Jorge Argote.