Juan Emilio Maíllo.- El Consejo General del Poder Judicial ha suspendido de sus funciones al juez Gómez de Liaño, procesado por tres supuestos delitos de prevaricación en la instrucción del caso Sogecable. Diecisiete votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones fue el resultado de la votación efectuada en el pleno del Consejo. Pese a esta unidad de los miembros del CGPJ, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, pidió al consejo que mantuviese a Liaño en su cargo. El fiscal se basó en que al juez le quedan recursos que presentar para demostrar su inocencia. Además, Cardenal afirmó que Liaño no prevaricó en el caso Sogecable, y que sus decisiones "podían ser opinables, pero no eran intencionadas o maliciosamente injustas, que es lo que es la prevaricación".
El CGPJ envió a los medios un comunicado en el que destacan dos frases, la primera dice que "el delito de prevaricación es la conducta más grave que se puede imputar a un juez en el ejercicio de sus funciones"; la segunda afirma que "la confianza de la sociedad en la justicia es uno de los valores esenciales de un Estado de derecho".
La suspensión permanecerá mientras el caso contra Liaño esté abierto. Si llegado el día, el procesamiento se anula, se archiva o si el juez es absuelto, la suspensión dejará de tener efecto. Pero en el caso de que Liaño fuese declarado culpable, la suspensión duraría hasta el final de la condena.
Jesús de Polanco, presidente del grupo Prisa que incluye a la empresa Sogecable, se felicitó, tras conocer la resolución del CGPJ, del funcionamiento de la justicia. Aunque lamentó el procesamiento del juez porque "no me alegro de los males del prójimo".
En el ámbito político, José Borrell, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, interpreta lo ocurrido como un varapalo al Gobierno, porque éste alentó las acciones contra el grupo Prisa. Por su parte, Pablo Castellanos, de IU, calificó la medida de "totalmente desproporcionada". Desde el Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, manifestó que el Ejecutivo "no ha mantenido ninguna estrategia contra ningún grupo de comunicación".
A partir de ahora, Baltasar Garzón se encargará de los más de 400 casos en los que trabajaba Gómez de Liaño, que estaba al frente del juzgado número uno de la Audiencia Nacional. La amenaza de colapsar la Audiencia Nacional planea sobre sus juzgados, y su presidente, Clemente Auger, ha pedido al CGPJ que nombre un juez suplente que asuma el trabajo de Liaño, hasta la resolución del caso.
Juan Emilio Maíllo.- El comité nacional de conflictos y disciplina ha suspendido cautelarmente de militancia en el Partido Popular al presidente del Principado de Asturias, Sergio Marqués. La petición de esta suspensión proviene del presidente regional del PP asturiano, Isidro Fernández Rozada. Esta medida afecta también a otros seis miembros del Gobierno asturiano. El comité de conflictos justificó su decisión "en los graves acontecimientos ocurridos en Asturias (…) que han dado lugar a la integración de los expedientados en el grupo mixto".
El presidente de Asturias piensa llevar su expulsión del PP a los tribunales. El origen de este conflicto se sitúa en el momento en el que Marqués accedió a la presidencia del Principado en el año 1995. Desde entonces, según un informe elaborado por el PP, Marqués "desplaza abusivamente al presidente regional de la dirección política del grupo parlamentario". Además, este informe hace referencia a los conflictos habidos entre el PP y el Gobierno regional, así como a los enfrentamientos de su presidente con los sindicatos, con los mineros, la universidad y el arzobispado.
Otro de los aspectos que destaca el comité de conflictos para razonar la expulsión de Marqués es "el afán (del presidente autonómico) por oscurecer la dedicación del Gobierno de José María Aznar a los problemas de Asturias". El vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, que fue compañero y amigo de Marqués, se sirvió de la frase que le dedicó Aznar a Hormaechea tras romper sus relaciones con éste, "más vale honra sin cargos que cargos sin honra", para definir la situación del actual presidente del Gobierno del Principado de Asturias.
Ante lo delicado de la situación en el Gobierno asturiano, IU de Asturias ha mandado una carta al PSOE y al Partido Asturianista para proponerles la presentación de una moción de censura contra Marqués. La unión de los diputados de estas tres formaciones les otorgaría la mayoría absoluta del Parlamento regional.
Alberto Escalante.- Segundo Marey, secuestrado por los GAL en 1983 por equivocación, acudió el martes a declarara al Tribunal Supremo, donde se está celebrando el juicio por su secuestro. El empresario vasco-francés recordó en la Sala Segunda durante aproximadamente tres horas, los detalles de sus diez días de secuestro en una cabaña en Cantabria.
"Me traían hacia un coche que bajaba despacito al lado de la acera y yo siempre chillando y ellos dándome golpes. (...) Se sentó un señor al dado de mí. Me cogió la cabeza y la apretó contra el asiento. Me vino a la cabeza la idea de saltar. Me levanté, pero no pude. El señor de la derecha me aplastó la cabeza contra el asiento. Me dio dos vueltas de un vendaje alrededor de la garganta y el chófer dijo: cuidado, le vas a matar, y me aflojaron un poco".
Según Marey, sus secuestradores le interrogaron para que confesara que era él el que cobraba el impuesto revolucionario de la banda terrorista ETA. A la pregunta del fiscal de si los captores le dijeron que le iban a matar, Marey contestó que "sí, claro. Yo pensaba desde el principio que me iban a ejecutar. Les preguntaba cuando iban a matarme. A veces lo deseaba". Marey declaró además haber estado drogado durante esos diez días, lo que le provocaba alucinaciones. El empresario dejó claro que en ningún momento los secuestradores se identificaron como policías españoles.
Al final de la declaración se acercaron hasta Marey dos de sus captores, ahora procesados, Luis Hens y José Ramón Corujo para pedirle disculpas por lo que le hicieron pasar esos días de 1983. Marey declaró a la prensa a la salida que "hay que perdonar porque si no, mal asunto".
Alberto Escalante.- En la Cumbre de Cardiff, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea no se han puesto de acuerdo en materia de fondos de cohesión. Las dos posturas enfrentadas están representadas por Alemania y por España y Portugal. El canciller alemán, Helmut Kohl, pretende que su país aporte menos dinero al presupuesto común de la Unión Europea, mientras que España y Portugal pretenden que se mantengan los fondos de cohesión que actualmente reciben.
Pero la cumbre finalizó sin que se firmara nada. La negociación está siendo dura y todo ha quedado aplazado de momento. Alemania ha conseguido imponer que en las conclusiones oficiales la Comisión Europea incluya en el informe previsto para octubre, la reivindicación de Alemania, Holanda, Suecia y Austria, sobre el recorte de sus aportaciones. Aznar ha conseguido a cambio que la Comisión Europea analice también la propuesta contraria defendida por España de que pague más el país que más tenga. El presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, ha declarado que "no soy partidario de la reducción de la aportación alemana al Presupuesto de la UE porque supone un aumento de la francesa".